El 12 de abril se conmemoró el Día Internacional de los Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Calle. Hay que recordarlo, porque es una realidad presente en nuestro país que se ha agudizado producto del deterioro de las condiciones de vida de las familias más vulnerables, migración, pérdida de espacios públicos y la presencia de organizaciones criminales en barrios con mayor marginalidad.
Esta infracción evidente al derecho de todo niño a un desarrollo integral no está desvinculada de las necesidades de seguridad y lucha contra la delincuencia reclamadas en todos los espacios de debate público. Quienes trabajamos directa o indirectamente en estos escenarios somos testigos de cómo muchos niños y jóvenes son atraídos por la carencia y promesas de una “mejor vida” o, simplemente, amenazados para ser parte de una determinada banda.
Cuando nos referimos a infancia en situación de calle debemos ampliar el concepto y no asimilarlo exclusivamente a la falta de techo. Este criterio, ejemplificado en los niños viviendo en la ribera del río Mapocho hace tiempo dejó de ser el válido de medición. Hoy el concepto refiere a la manera multidimensional de estar en la calle, como pasar gran parte del día en ella, sin espacios de recreación, sin redes de protección y expuesto a sus riesgos.
En Chile hay miles de niños que tienen techo, pero carecen de hogar. Pasan gran parte del día en la calle, expuestos a un enorme riesgo por carecer de verdaderos soportes sociales que incluyan contención emocional, afectiva y educacional. El informe de la Asociación de Municipalidades del año 2016 permite estimar en casi 390 mil los niños y niñas que viven en barrios críticos del país. Resulta obvio afirmar, entonces, que un gran número de ellos se encuentra en altísimo riesgo por sus condiciones de vulnerabilidad.
En el contexto país en que nos encontramos necesitamos que las políticas públicas que se adopten en relación a barrios críticos consideren la situación de niños y niñas en situación de calle y que, por lo tanto, las decisiones para intervenir zonas, barrios o poblaciones incorporen programas preventivos, en horarios adicionales a la escuela y que se trabaje decididamente en la recuperación de los espacios públicos para cumplir la misión de proteger la infancia.
En este orden de ideas, lo primero es dimensionar la magnitud del problema e incorporar esta variable en las decisiones que se adopten. Solo un actuar decidido y de largo plazo nos permitirá proteger el futuro de nuestra infancia vulnerable que hoy está en riesgo.
Por Sergio Mercado y Marcelo Valenzuela, Fundación Don Bosco
