Las oportunidades y accesos a un mejor futuro dependen de aquellas políticas y acciones que no deberían responder a bandos políticos. El compromiso con el futuro de los jóvenes debe ser de todos.
En la tarde del domingo 4 de septiembre concluyó el proceso constitucional que comenzó en 2020. Más de 13 millones de chilenos acudieron a las urnas, logrando la votación más masiva en la historia de nuestro país.
Según datos entregados por el Servicio Electoral (Servel), el Rechazo a la nueva Constitución obtuvo el 61% de los votos y el Apruebo logró el 38%. Con este contundente resultado en la mano, expertos analizan lo sucedido y lo que vendrá para nuestro país.
Como congregación creemos que los pilares fundamentales de nuestra misión evangelizadora, como son la familia, la educación y los jóvenes, deben ser protegidos, resguardando siempre la dignidad de las personas, según los criterios del Evangelio, inspirados en el sistema educativo de Don Bosco.
La vida
Previo al plebiscito de salida, los obispos de nuestro país ofrecieron reflexiones y miradas a la propuesta constitucional finalmente rechazada. En el texto, dado a conocer el 22 de julio de este año, los pastores comentaron artículos como el 61, que pretendía consagrar el aborto a nivel constitucional.
Señalaron: “El Estado garantiza el ejercicio de este derecho, libre ‘de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones’, con lo cual no solo excluye la participación del padre en esta decisión, sino también el ejercicio de la objeción de conciencia personal e institucional, derecho esencial en estas materias morales donde se juegan principios tan fundamentales”.
Para el profesor Juan Pablo Faúndez , director del programa de Ciencias para la Familia de la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), de haberse aprobado la propuesta, hubiéramos contado con la primera Constitución en el mundo que declaraba esta práctica como derecho humano fundamental. “Nos encontrábamos con una norma de tanta gravedad que por sí misma era suficiente para poner en tela de juicio el proyecto completo”, señala.
Existían otros artículos que también llevaban a reflexiones profundas, como el Nº10 del Capítulo I. Este decía: “El Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos o consanguíneos, y les garantiza una vida digna”.
Según sostiene el docente, se trataba de una definición inclusiva, pero que denotaba deconstrucción parental sin reconocer la relevancia de la familia como núcleo fundamental de la sociedad.
“Se desconoció el rol antropológico de la familia que es clave, dejándola como un modo de organizarse que, en sociedad, queda al mismo nivel de otras formas de asociación, desconociendo que es la forma celular de organización social por antonomasia”.
El doctor en filosofía de la PUCV agrega que “el texto –que en otros apartados era notoriamente maximalista– no mencionaba la relevancia social de la familia en sus múltiples dimensiones, desde la educativa hasta la cultural”.
“Sí, consagraba (el Artículo 1) que el Estado era la instancia que en su rol social debía proteger y garantizar, pero además ‘generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo’. Con ello, el Estado desplazaba la centralidad de la familia”, complementa.
Según el experto, esto era consecuente con la motivación del proyecto, “que declaraba pasar de un Estado subsidiario –que dejaba a la familia en el lugar central– a uno solidario, posicionando al Estado como protagonista de la vida social, sin proponer su necesaria complementariedad”.
El Artículo 41, inciso 2, llevaba a una reflexión similar, al hablar sobre “la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo”.
Respecto de este artículo, la Conferencia Episcopal de Chile planteó: “Una de las responsabilidades esenciales de la familia es la formación de los hijos, un derecho y deber insustituible e inalienable”, enfatizando que la propuesta no era “del todo clara en expresar un derecho preferente y directo de los padres de educar a sus hijos”.
Para el profesor Faúndez, lo que se pretendía era “desvincular el rol de relevancia conjunta de padres y madres, como bien se ha expresado en los proyectos de Educación Sexual Integral (ESI) que se han presentado en 2019 y 2021”, los cuales no han sido aprobados.
Finalmente, otro punto discutible era el de la ideología de género. Para el académico, “en varios pasajes del borrador se planteaban justas reivindicaciones en torno a la igualdad de género, pero, al mismo tiempo, desplegaba transversalmente un tratamiento favorable a la reducción ideológica, que se promovía a todo nivel y para toda edad”.
Sostiene que este planteamiento desarticulaba “el binomio base de la creación de Dios, quien propone en la diferenciación biológica de los sexos la clave de la comprensión antropológica. Ello ha sido advertido por Benedicto XVI y Francisco, desde Caritas in veritate hasta Amoris laetitia”.
Solidaridad y subsidiaridad: armonía en la educación
Para que la educación refleje las aspiraciones y diversidad cultural de la sociedad chilena en una nueva Carta Constitucional, se debe dimensionar la armonización de los dos grandes principios: la solidaridad y la subsidiaridad, para asegurar equilibrios en la democracia y alejar tentaciones de cualquier tipo de populismo.
Esta doble dimensión y armonía entre los principios aparecía débil frente al tema educativo en la propuesta constitucional. Se percibía una cuota de centralización del sistema educativo, y con ello, la diversidad de actores involucrados en el proceso parecía ir en desmedro de la educación subvencionada, que no tendría los espacios de autonomía y libertad para acoger y servir a las familias.
Educar en la diversidad favorece el enriquecimiento del patrimonio cultural de la propia nación. En esta perspectiva se observa que el texto constitucional rechazado despertó dudas, porque parecía no dimensionar la paradoja de una errada interpretación axiológica de los mencionados principios.
Ejemplo de complementariedad
Al igual que en el tema moral, la Conferencia Episcopal entregó luces para reconsiderar los equilibrios estructurales en el articulado de la temática educacional.
Se trata de un documento que requiere de una reflexión más allá de la contingencia del plebiscito, en la línea de recuperar para los cristianos el sentido de ser “la sal de la tierra’’ y para la sociedad entera la responsabilidad sobre los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como personas humanas, que requieren dignidad en su proceso educacional.
La solidaridad y subsidiaridad son tareas de toda sociedad y su aplicación no se aparta del camino mismo de la historia. El Estado y mercado no son suficientes para asegurar los derechos civiles, sociales y libertades de iniciativas esenciales para la producción de los bienes y servicios. Deben ser complementarias, pues, individualmente, no son suficientes.
Bajo esta perspectiva, hay que mirar la historia del país, que como Estado-nación ha sido acompañada en su desarrollo por una fuerte y visible contribución de la estructura educacional generada por la Iglesia Católica y congregaciones religiosas como la nuestra, con su misión definida de evangelizar, educar y promover el desarrollo humano.
Se trata de un quehacer recubierto de solidaridad y subsidiaridad, que los diversos gobiernos han reconocido y apoyado con recursos económicos necesarios para cumplir con la tarea educativa.
Ahora, cuando el Estado tiende a sobrecargarse de funciones, reduce los espacios de libertad y de iniciativas de las familias y grupos sociales intermedios, se abre el espacio hacia un camino reductivo que no consolida el patrimonio cultural de la sociedad entera.
Se desprende que el debate que seguirá no debe separar la complementariedad de estos principios y, en el caso concreto de la educación, la disminución de los colegios particulares subvencionados. Estos deben ser potenciados como lo debe ser la educación pública, lo que implica una tarea común a partir de la modernización de la sociedad.
El mundo salesiano tiene, desde su origen, la ventaja en el ejemplo de Don Bosco y su Sistema Preventivo, la capacidad de propiciar una educación novedosa y eficaz en un Estado laico y una sociedad que vivió las turbulencias propias de los cambios sociales.
El factor juventud
En un contexto de incertidumbre social, y bajo una amenaza sanitaria jamás vivida en la historia reciente, los jóvenes de nuestro país se consolidaron como ejemplo de participación cívica para todas las edades.
Para el plebiscito de 2020, que sirvió como “puntapié inicial” al proceso constituyente, el sector etario entre los 20 y 24 años fue el que más sufragó en el país, con la participación del 57% del total de habilitados en ese rango de edad, según datos consignados por el Servel.
Tras ellos, los siguientes segmentos etarios que más votaron fueron los jóvenes entre 18 y 19 años (56,2%) y aquellos entre los 25 y 29 años (55,9%).
Al margen de la discusión política, lideraron un proceso que quedará grabado en la historia republicana, que se trasladó desde las calles y hogares hasta las urnas de votación.
La expresión de la ciudadanía y voz de la juventud, en los márgenes del respeto y bajo las vías democráticas, siempre será sinónimo de esperanza y compromiso, no solo con la nación, sino con el corpus compuesto por cada quien que es partícipe de la sociedad.
Decidir en comunidad
El 15 y 16 de mayo de 2021, cuando se eligió a alcaldes y constituyentes, la tendencia en participación juvenil se mantuvo. Una agotada población, que recién empezaba el proceso de vacunación contra el Covid-19, se comprometió y acudió a las urnas para escoger a quienes serían los responsables de redactar una nueva Constitución.
Además de ser un hecho histórico, este proceso revistió de vital importancia para la juventud, ya que se erigió como la oportunidad para la consolidación de su protagonismo en el quehacer nacional.
Pese al paulatino desinterés en la participación electoral de la población, reflejado en las elecciones presidenciales de 2013 y 2017, sumado a la baja confianza en las instituciones tradicionales consignada por diversas encuestas, el sentir y descontento juvenil se convirtió en un proceso legítimo, formal y constitucional.
La diversificación en la manera en que los jóvenes demuestran su descontento se tradujo finalmente en un proceso válido. Tras los movimientos estudiantiles y publicaciones en redes sociales se pasó a una instancia legítima y efectiva que nos involucró a todos.
Gran parte de los tópicos discutidos durante los últimos tres años, desde lo más ético hasta lo estrictamente económico, fueron ideas o cuestionamientos planteados en su mayoría por los jóvenes.
Independiente de la postura de cada individuo o institución en las materias abordadas, fue la juventud la que levantó la discusión y encendió la chispa para que, en comunidad, se decidiera lo que es y será mejor para el país.
Generar oportunidades
Al margen de la opción que triunfó este 4 de septiembre, los chilenos recibimos un regalo inesperado por parte de los más jóvenes. Nos hicieron cuestionar, debatir, reflexionar y abrazar aquellas ideas que consideramos la mejor opción para nuestros planes de vida. En definitiva, nos llevaron a conocer mejor quiénes somos y defender lo que queremos.
Fue todo un país el que acogió la chance de imaginar y consolidar un proceso liderado por jóvenes de distintas partes, que en base a sueños e ideales nos llevaron a repensar la forma en que constituimos Chile.
Esta es, precisamente, una de las aspiraciones de Don Bosco. Su legado está más allá de impartir una educación formal que saque a los jóvenes de su estado de vulnerabilidad, más bien, es formar en valores e integridad, con una mirada de trascendencia, para que sean parte del tejido social de forma activa, respetuosa y responsable.
El proceso constitucional no solo se convirtió en un período importante en lo concerniente a lo político, también rompió con diversos estereotipos que existen sobre ellos, como su organización, modos de pensar, compromiso y validez de ideas.
La participación juvenil en la política formal es uno de los ejemplos más claros de la capacidad que tienen para poner sobre la mesa temáticas y argumentos. Por la misma razón es que, cada cierto tiempo, son movimientos estudiantiles, muchas veces propiciados por menores de 18 años, quienes proponen a los adultos cuestionamientos para crecer en el sentido del bien común.
Independiente de la opción triunfante en el reciente plebiscito, el cuidado de la niñez no basta ni se garantiza con enumerar o asegurar sus derechos en forma de catálogo, sino que se debe perseverar para que sus voces sigan siendo escuchadas.
Los niños, niñas y adolescentes se han ganado el reconocimiento como sujetos titulares de derecho, lo que implica un paso significativo para superar las situaciones de vulnerabilidad que muchos de ellos viven actualmente, y que implican más aristas que la económica.
Una transformación integral supone exigencias para el Estado de Chile, su sociedad y familiares de los jóvenes, quienes deben seguir propiciando y construyendo espacios e instancias que los incorporen como ciudadanos.
Nuestro Padre fundador, Juan Bosco, buscó que los jóvenes crecieran en derechos y dignidad, algo mucho más profundo que lo material. Las oportunidades y acceso a un mejor futuro dependen de aquellas políticas y acciones tomadas sobre materias como la educación que no deberían responder a bandos políticos. El compromiso con el futuro de los jóvenes debe ser de todos.
Por Nello Gargiulo, Alejandro Manríquez y José Miguel Estay
