Con los retos, dificultades y la responsabilidad que involucra responder a las demandas ciudadanas, sin perder legitimidad, este organismo ya comienza a gestarse.
Tras meses de espera, el pasado 25 de octubre los chilenos salieron a las calles a ejercer su derecho electoral. El plebiscito arrojó un aplastante triunfo del “Apruebo” y del tipo de órgano que debiera redactar la Constitución: Convención Constitucional. Conformada por 155 ciudadanos elegidos por voto popular, entre los principales temas que abordará están las reformas sociales, anunciadas ya en el estallido social.
En un plazo máximo de nueve meses deberá redactar el texto de la Nueva Constitución, la cual será llevada a un “plebiscito de salida”, donde el sufragio será obligatorio. En el caso de aprobarse, el Presidente convocará a un Congreso Pleno, de carácter público, donde se promulgará y jurará el respeto de ésta, siendo, finalmente, publicada en el Diario Oficial.
Bajo esta línea, el reemplazo de la actual Constitución, establecida durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990), tendrá una característica especial: será la primera redactada en forma paritaria. Esto quiere decir que cada lista con candidatos a ser constituyentes deberá incluir igual número de hombres y de mujeres. Un hecho histórico que marcará su desarrollo.
¿Dos tercios?
La redacción del texto más importante a nivel jurídico para nuestra sociedad, que normará la vida política, no será un proceso fácil. Ya varios analistas y expertos han evaluado los posibles impedimentos y desafíos de este proceso.
“Para analizar el resultado del plebiscito hay que considerar, en primer lugar, que el triunfo de la opción ‘Apruebo’ es solo el comienzo de un proceso. Con ello no se asegura que Chile necesariamente vaya a tener una nueva Constitución. Quedan varias etapas por delante, y existen puntos críticos en los que puede haber dificultades”, advierte el abogado y académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Silva Henríquez (UCSH), Ernesto Riffo.
Las normas establecidas por los partidos políticos para regular el proceso han sido cuestionadas. Un acuerdo fraguado en medio del estallido social en 2019 que, si bien, posibilitó el plebiscito, integró el polémico quórum de los dos tercios (⅔). Regla que en una primera instancia se utilizaría para la votación de cada norma, ahora sectores que se oponen al proceso sugieren que se establezca al texto completo. En este escenario, de no llegar a los acuerdos necesarios, corre riesgo el proyecto de nueva Constitución.
“La discusión sobre este punto, probablemente, tendrá que ser resuelta por medio del mecanismo establecido en el Artículo 136 (de la reforma constitucional emergida del acuerdo). Esto es, cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por la misma corte. En todo caso, ni la Corte Suprema ni ninguna otra autoridad puede revisar las decisiones que corresponden al ámbito propio de la Convención, siendo la esencial de ellas determinar el contenido del proyecto de nueva Constitución”, señaló Riffo.
Articulación ciudadana, principal desafío
Para el sociólogo del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Juventud (CISJU) de la UCSH, Carlos Durán, el principal desafío que deberá enfrentar este espacio es producir acuerdos que consideren la barrera de los 2/3, en un marco diverso y de intenso debate. Por otro lado, que los miembros de la Convención cuenten con la capacidad de incrementar la legitimidad del proceso constituyente a través del establecimiento de una relación estrecha y permanente con la ciudadanía.
"Lejos de encerrarse a deliberar, los convencionales deberán salir a sus territorios, interactuar con la ciudadanía y expresar en la convención la diversidad de aspiraciones representadas a partir de octubre de 2019. Será necesario articular la eficiencia del proceso con la indispensable legitimidad posible por medio de la interacción constante con una ciudadanía expectante y participativa”, expresó.
Por Liza Muñoz, periodista
