1. Los acontecimientos vividos este viernes 18 de octubre del presente año en Santiago son de la mayor gravedad y motivo de gran preocupación, tanto por sus causas como por su desarrollo y sus efectos. Entendemos que son parte de un proceso que venimos experimentado durante décadas y que tiene consecuencias profundamente humanas que no podemos ignorar. Aunque es compleja su adecuada comprensión y la búsqueda de verdaderas soluciones, es deber de todos realizar un esfuerzo mancomunado – especialmente autoridades y dirigentes sociales– para descubrir esas causas y recorrer los caminos de solución, los que no se darán sin la participación de la mayoría.
2. Estos hechos dolorosos y traumáticos son una imperiosa llamada para continuar creando una cultura del encuentro y la comprensión, capaz de escuchar y empatizar con los sufrimientos y malestares cotidianos de la sociedad chilena en materias laborales, de salud, seguridad ciudadana, educación, vivienda, pensiones, situación de pobreza, y los desafíos humanitarios de la inmigración, entre otros. La primera obligación de todos los que ejercemos algún tipo de liderazgo en el país es comprender el profundo malestar de personas y familias que se ven afectadas por injustas desigualdades, por decisiones arbitrarias que les afectan en su vida diaria y por prácticas cotidianas que consideran abusivas, porque lesionan especialmente a los grupos más vulnerables.
3. Condenamos decididamente la violencia que se ha dado en la capital del país con agresiones a personas, destrucción de bienes, saqueo de locales comerciales y la privación a cientos de miles de compatriotas de un servicio de transporte que es la base del funcionamiento de la ciudad. Pero para que esta condena sea efectiva tenemos que hacernos cargo de entender las raíces de esa violencia y trabajar con urgencia para prevenirla, detenerla y generar formas pacíficas de hacerse cargo de los conflictos. Es necesario un nuevo esfuerzo en este sentido porque «tomar en serio la política en sus diversos niveles ―local, regional, nacional y mundial― es afirmar el deber de cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad» (San Pablo VI, Carta ap. Octogesima adveniens, 14 mayo 1971, n.º 46).
4. La función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un bienestar digno y fundado en la justicia y la paz. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de caridad. Todos tenemos responsabilidad en generar una convivencia ciudadana y una amistad cívica que evite la violencia física y verbal, pero están más obligados a ella quienes han recibido la responsabilidad de conducir la sociedad. Es urgente la participación de todos, a través de canales legítimos para procesar participativamente las demandas sociales, la búsqueda de una vida digna y un bienestar integral, poniendo a las personas en el centro de la vida del país.
5. Es hora de pasar de la preocupación a la acción y a la validación y creación de escenarios que nos permitan entender los cambios que ha experimentado la sociedad chilena, de manera que las instituciones puedan estar al servicio del bien común, desde las complejas y nuevas realidades que caracterizan a la sociedad de hoy. Es hora de mirar con verdad, a rostro descubierto, nuestras riquezas y éxitos, y nuestros conflictos y fracasos. Las autoridades, los partidos políticos, la sociedad civil y sus organizaciones, las universidades e intelectuales, la propia gente organizada tenemos que dialogar sobre el país que queremos, para embarcarnos en la construcción de una sociedad que todos sintamos como propia y que todos nos comprometamos a cuidar como nuestro más preciado bien común.
6. Basado en la amistad cívica, Chile necesita un diálogo social centrado en las personas, en sus modos de convivir y habitar la casa de todos, y una amistad cívica fundada en el bien común, esto es, en instancias donde los actores políticos, sociales y económicos puedan prescindir de sus intereses particulares para trabajar por proyectos consensuados en que la mayoría nos reconozcamos. Cada compatriota tiene un aporte que hacer y las autoridades, desde sus diversos ámbitos de responsabilidad, deben saber escuchar la voz de su pueblo. En el corazón de este nuevo esfuerzo hay una enseñanza de Jesús que sintetiza este nuevo estilo que hoy se nos exige: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos» (Mc 9,35).
7. Pedimos a todas nuestras comunidades y a las personas de buena voluntad, orar por la paz social y la amistad cívica en nuestro país y que el buen Dios nos ayude a abrir nuestra inteligencia y nuestra voluntad en la búsqueda de nuevos caminos de entendimiento y comprensión mutua.
EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
