En 2012, los chilenos nos inquietábamos ante las noticias que informaban de supuestos abusos sexuales en 60 colegios de Santiago, investigación realizada por la Fiscalía Nacional.
Más allá de las preocupantes proporciones de denuncias que esta noticia evidenciaba, visibilizó también la necesidad de trabajar en la protección de los niños y niñas y en la consiguiente prevención de estas gravísimas situaciones.
En la actualidad, las noticias de abusos sexuales se mantienen presentes en los medios de comunicación y salvo por aquellos casos que causan conmoción nacional -y que generalmente involucran trágicas muertes de niños gravemente maltratados y abusados sexualmente- pareciera que poco a poco hemos sufrido una suerte de desensibilización frente a la ocurrencia, casi continua, de estos hechos. El maltrato infantil y el abuso sexual están ahí para recordarnos nuestra fragilidad como sociedad y, especialmente, nuestra responsabilidad frente a estas situaciones.
Aun cuando las estadísticas confirman que la mayor parte de los abusos sexuales ocurren en el ámbito familiar, los establecimientos educacionales tienen una responsabilidad gravitante en su prevención. Por una parte, se espera que adopten medidas para que estas vulneraciones no ocurran en su interior y, por otra, deben desplegar acciones e instalar incluso una cultura que permita brindar un espacio de confianza y acogida para aquellos niños que necesiten protección frente a maltratos vividos en sus familias o comunidades.
En el ya citado año 2012, el Ministerio de Educación anunció un plan para combatir el abuso sexual al interior de los colegios, el que contaba, entre sus principales iniciativas, la exigencia a todos los establecimientos educacionales del país de contar con protocolos para actuar ante estos casos. Es una iniciativa que, sin duda, vino a aportar a que existieran rutas claras y conocidas para reaccionar ante el conocimiento de situaciones abusivas que afecten a los alumnos.
¿Qué es un protocolo?
El término protocolo proviene del latín “protocollum” que, desde su significado original, se refería a la primera hoja de un escrito en la que se marcaban determinadas instrucciones. Esta manera de entender un protocolo colabora a la comprensión de este documento en el ámbito que aquí comentamos. Se trata entonces de un escrito donde se detallan las acciones que se pondrán en marcha al acontecer determinada situación.
Los protocolos son utilizados en diferentes ámbitos, disciplinas o áreas. Existen unos que regulan aspectos específicos en áreas de salud, industria, informática, construcción, minería, educación, Iglesia, entre otras.
La utilidad de contar con protocolos en los establecimientos educacionales radica especialmente en la claridad que otorga a la hora de tomar decisiones. Que los colegios cuenten con estos instrumentos permite que exista confianza y respaldo para quienes allí trabajan una vez presentada la situación definida, en este caso, la ocurrencia de un abuso sexual.
En la práctica, los protocolos explicitan la ruta de respuesta institucional frente a estas situaciones. De este modo, para que este documento resulte eficaz, su contenido deberá ser claro y simple, a la vez que conocido por cada uno de los actores involucrados en el establecimiento educacional. Docentes, asistentes de la educación, alumnos, padres, apoderados y toda persona que se relacione con los niños, niñas y jóvenes deberá conocer el protocolo y tener claridad sobre su contenido.
Sin embargo, no basta con que un colegio tenga un protocolo. La existencia del mismo debe entenderse dentro de una política más amplia, que involucre una mirada comprensiva de la corresponsabilidad de cada uno de los actores del colegio. Un establecimiento educacional debería entonces trabajar más allá de lo meramente normativo, buscando crear contextos protectores y seguros para la comunidad escolar.
En el marco de la lógica descrita, la Conferencia Episcopal de Chile ha acordado la adopción de estándares o pautas mínimas -buenas prácticas- para contribuir a asegurar la creación e instalación de ambientes sanos y seguros al interior de la Iglesia chilena. Estas buenas prácticas son aplicables a toda institución eclesial (parroquias, decanatos, curias diocesanas, consejos y otros), incluyendo a los colegios católicos. Se espera entonces que los establecimientos educacionales que dependen o están vinculados a la Iglesia Católica cuenten no solo con protocolos, sino que, además, cumplan con una serie de estándares considerados útiles para la prevención de los abusos sexuales. A saber:
• Cada establecimiento educacional católico deberá contar con políticas y procedimientos para la selección del personal de colegios y de evaluación de su idoneidad para trabajar con niños(as) y jóvenes.
• Toda persona que ingresa a trabajar en un establecimiento educacional católico, al momento de iniciar su servicio, deberá firmar un compromiso de adhesión a las políticas de prevención de abusos y de disponibilidad para la formación permanente en la temática.
• Toda persona que ingresa a trabajar -remunerada o voluntaria- en un establecimiento educacional católico deberá suscribir un formulario en que declara no contar con condenas, denuncias o juicios pendientes en relación a delitos sexuales.
• Todos los docentes y personal de apoyo deben participar de la Formación Básica para la prevención de abusos, indicada por las Líneas Guía Cuidado y Esperanza.
• Los docentes, padres, apoderados y alumnos(as) consensuarán pautas y modos de vinculación respetuosas con niños, niñas y adolescentes, incluidos los usos de redes sociales entre adultos y alumnos. Estas pautas se incluirán en los protocolos de cada establecimiento educacional.
• Los protocolos serán difundidos para su conocimiento transversal dentro del establecimiento educacional y deberán, además, ser revisados periódicamente.
• Periódicamente se revisarán los espacios físicos del establecimiento, desde la óptica del cuidado y bienestar de los niños, niñas y adolescentes (y de toda persona vulnerable), adoptando las medidas para adecuar los espacios que se visualicen necesarios de intervenir.
• Existirán charlas de información y capacitación -distintas y complementarias a la Formación Básica- destinadas a alumnos, padres y apoderados.
• Se promoverán programas de buen trato que involucren a los distintos estamentos del establecimiento.
La aplicación de estas (buenas) prácticas busca asegurar el bien común de las personas y comunidades educacionales, garantizando ambientes sanos y seguros que contribuyan a la protección de los niños, niñas y jóvenes.
No hay pausa ni abandono posible en esta tarea. Desde las familias, las comunidades, las iglesias, las vecindades, los colegios, todos podemos actuar como agentes de cuidado y protección para los niños y niñas.
Por Pilar Ramírez, Coordinadora Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas Conferencia Episcopal de Chile
