La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados. Según el informe World Population Prospects 2017, de las Naciones Unidas, las personas mayores de 60 años constituyen el 13% de los ciudadanos de todo el orbe. Se estima que en 30 años este porcentaje duplicará.
Según el Censo 2017, nuestro país tiene 2,8 millones de personas mayores de 60 años, de los cuales el 56% son mujeres y el 44% hombres. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se estima que para 2050 uno de cada tres chilenos será adulto mayor, es decir, el 28% de la población.
En lo referido a la situación laboral, en nuestro país las personas de tercera edad ven restringido su acceso al mercado del trabajo, además de acceder a empleos precarios. La tasa de participación en el mercado laboral es del 78% para quienes tienen entre 45 y 59 años, mientras que para los mayores de 60 solo alcanza al 36%. Según datos de la Encuesta Casen, el sueldo mínimo en Chile es de $276.000, mientras que para los mayores de 65 años es $206.041. Al comparar ambas cifras, vemos que los ingresos promedio mensuales de las personas mayores de 65 son un 20% más bajos que el promedio de los ingresos del total de la población ocupada.
La posibilidad de llegar a una edad más avanzada es fruto, en buena parte, de exitosas políticas públicas en salud, sin embargo, esta situación tiene asociada también dinámicas complejas, como el incremento de enfermedades y las bajas pensiones, lo último particularmente entre las mujeres, cuyos ingresos y frecuencia de cotización suelen ser menores, lo que se contrasta con mayores expectativas de vida que poseen en comparación con los hombres.
De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones, a diciembre de 2017 se pagaron en Chile 845 mil 637 pensiones, de las cuales la mujer recibió en promedio $188.024 y el hombre $308.286. Una diferencia del 40%.
La cuarta edad
Durante los últimos años ha surgido un nuevo concepto denominado “la cuarta edad”, que intenta identificar a las personas mayores de 80 años. En nuestro país, la personas en esta condición constituyen cerca del 2,4% del total de la población (hoy superan las 470 mil), grupo que crecerá a una tasa promedio anual del 4,5% durante los próximos 20 años. Llegará a representar el 5% de la población en 2035. Las estimaciones para el 2100 indican que el 30% de la población en Chile tendrá más de 65 años.
Actualmente existe un proyecto de ley que incorpora el concepto de cuarta edad en la legislación, propuesta que se encuentra en segundo trámite por el Senado.
La idea fundamental es integrar en la ley que crea el SENAMA el concepto de cuarta edad como elemento diferenciador en cuanto a políticas de protección y promoción de los derechos de los adultos mayores que superan los 80 años.
Al cuidado de otros
El envejecimiento viene acompañado con el deterioro gradual de la salud física, mental y social, que puede llevar a un estado de dependencia en el que las personas necesitan mayor asistencia para manejarse en la vida diaria. Dicha dependencia se presenta de diferentes maneras y grados, en algunos casos con dificultad para cocinar, utilizar transporte o manejar dinero; en otros, las complicaciones pueden llegar a niveles severos asociados a la demencia senil o enfermedades que generan la postración total de la persona.
La Encuesta Nacional de Dependencia de Personas Mayores realizada por el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) en 2010 señala que del total de personas en Chile mayores de 80 años, el 60% tiene dependencia, es decir, dependen de otros para llevar adelante la cotidianeidad de su vida. Otro dato relevante es que el 24,1% de los chilenos mayores de 60 años tiene dependencia, lo que equivale a unas 405 mil personas.
La dependencia es mayor en las zonas rurales puesto que suelen presentar mayores vulnerabilidades socioeconómicas y de salud, además de que el número de dependientes que se atienden en el sistema público de salud dobla en cantidad a las que utilizan isapre.
En un rango de tiempo de 23 años (1990-2013) ha aumentado la dependencia de las personas mayores de un 16,6% a 26,8%, situación que genera al país una serie de dificultades económicas, sociales y políticas para ajustarse a las nuevas estructuras por edad.
Realidades paralelas
En 2017, la Revista Panamericana de Salud Pública publicó el artículo “envejecimiento y cuidados a largo plazo en Chile”, en el que se plantea que, en comparación a otros países, la inversión en cuidados a largo plazo dirigida a los adultos mayores de Chile es limitada. El monto destinado del SENAMA para 2016 fueron US$29 millones, que corresponde al 0,07% del presupuesto del gobierno. Las estimaciones indican que la puesta en marcha de un sistema de cuidados de largo plazo en nuestro país costaría unos US$1.600 millones, equivalente al 0,45% de PIB. Países como Alemania gastan el 1,5%, Corea del Sur un 1,1%, el Reino Unido un 1,8% y Holanda un 3,0% de su PIB.
Holanda, Japón, Corea del Sur, Alemania, Israel y Luxemburgo cuentan con un sistema de seguros obligatorios para cuidados a largo plazo, que permite financiar los beneficios para un grupo vulnerable, aumentando la cobertura del sistema.
Nos encontramos en el tiempo propicio para impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades en esta materia en el ámbito social, de salud, salariales y de pensiones, que permitan garantizar una mejor calidad de vida y mayor dignidad a los adultos mayores de nuestro país.
Por Karina Velarde, Periodista
