2016 será recordado como el año que acogió el inicio de la puesta en práctica de una de las reformas en educación más importantes para nuestro país. Entró en vigencia la Ley de Inclusión, nuevo marco regulatorio que genera un fuerte cambio estructural, impactando de forma especial en el modo financiamiento de los establecimientos educacionales, medidas que procuran desterrar la exclusión, la discriminación y el lucro.
Siendo la educación formal escolar el mayor frente de misión de los Salesianos en Chile -22 colegios en 15 ciudades que atienden a 28 mil alumnos-, este nuevo escenario ha presentado un alto desafío para la Congregación en cuanto a toma de decisiones y a la adaptación ante las nuevas normativas, buscando siempre salvaguardar la propuesta educativa salesiana integral con el sello del sistema preventivo de Don Bosco.
¿Qué decisión? Estando, hasta 2015, el 100% de sus colegios en el sistema de financiamiento compartido, es decir, recibiendo recursos del Estado por subvención general asociada a la asistencia de los alumnos, además de un copago proporcionado por padres y apoderados, la Congregación debió decidir por una de las dos opciones que ofrece la nueva ley: Financiamiento particular pagado o financiamiento del Estado con régimen de gratuidad para las familias.
En otras palabras, la Ley de Inclusión gatilla la desaparición paulatina del sistema del financiamiento compartido, el único utilizado por los colegios salesianos en el último tiempo, generándose la imperiosa necesidad de optar por alguno de los otros dos. En 2014, aún con un proyecto de ley no terminado, sin un reglamento, con un escenario más bien de incertidumbres, la decisión fue rotunda, fuerte y clara: Todos los colegios salesianos ingresarán, en diferentes etapas, al sistema de gratuidad, previo estudio y adaptación de la propuesta educativa, buscando, con ello, coherencia carismática en la atención de los niños y jóvenes vulnerables.
“En aquel momento, por tema de financiamiento, proyectábamos que algunos de nuestros colegios podían ingresar inmediatamente al sistema de gratuidad porque el copago que tenían era bastante bajo, en promedio no superaba los 6 mil pesos, con una morosidad considerable. En este sentido, el aporte que se iba a recibir por gratuidad era bastante mayor que aquello que estaban aportando los padres y apoderados… ”, comenta el P. Galvarino Jofré, responsable del Departamento de Educación de la Congregación.
En 2016 entraron al sistema de gratuidad los colegios salesianos de Alto Hospicio, San Ramón, Catemu y Puerto Natales. No en la formalidad, pero sí en la práctica, ingresó también el Colegio Técnico Industrial Don Bosco de Calama, nueva obra salesiana inaugurada en marzo del mismo año. En agosto de este año, el Provincial de los Salesianos en Chile, P. Alberto Lorenzelli, comunicó que en 2017 ingresarán otros tres colegios: Talca, Linares y Puerto Montt. Con los cinco anteriores suman un total de ocho. De esta manera, casi 10 mil alumnos salesianos, es decir, el 35% de los 28 mil de todo Chile, accederán al beneficio de la gratuidad a partir del próximo año.
Andrés Palma, secretario ejecutivo de la Reforma Educacional, refuerza lo que también considera coherencia institucional de la Congregación por optar por este camino: “Por su historia la Congregación de Don Bosco no podría haber tomado otra decisión más que avanzar en el camino que propone la Ley de Inclusión Escolar y la Reforma Educacional, que es mejorar la calidad de la educación volviéndola más inclusiva en sus aulas y en cuanto sistema. Es un problema mayor que el sistema educacional no contribuya a la cohesión social, y la educación salesiana, que sí contribuye, no podría sino sumarse a este proceso”.
El desafío mayor se ha generado con los colegios salesianos cuyo copago es alto, haciendo imposible el financiamiento con la subvención y los aportes por gratuidad, misma dificultad que han encontrado otras instituciones y sostenedores que optaron por el sistema particular pagado, pero que, como sabemos, no configura una opción coherente con las obras salesianas de atender a las familias más vulnerables.
“El primer paso que dimos con los colegios que ingresaron a la gratuidad fue que previamente ingresaran a la SEP, la Subvención Escolar Preferencial, sistema que entrega un financiamiento especial por los alumnos prioritarios, es decir, cuyas familias pertenecen a los dos primeros quintiles. Con este sistema, el Estado entrega recursos al colegio para hacer frente a proyectos de mejoramiento de procesos de aprendizaje de los estudiantes en un plazo de cuatro años. Entonces, se debe ajustar todo el colegio para poner en sintonía el trabajo en vista de esos proyectos y poder rendir cuenta de los resultados de los mismos”, comenta el P. Galvarino.
Este año, en su camino de preparación a la gratuidad, se acogerán también a la SEP los colegios salesianos de Copiapó, La Serena, Oratorio Don Bosco de Santiago y Liceo San José de Punta Arenas, sumándose a los diez que ya estaban acogidos a este sistema.
Asimismo, otra labor desarrollada por la Congregación de adaptación al nuevo escenario ha sido el ajuste de la propuesta educativa previa auditoría de gestión académica y financiera de todos los colegios salesianos del país.
“Con el sistema anterior, no pocos colegios nuestros generaron una súper estructura que, hoy día, haciendo análisis bastante más finos, nos damos cuenta que no todo era necesario para ofrecer un buen servicio a los estudiantes. En rigor, nuestra propuesta educativa se juega en el aula, en el patio, más que en un sin número de personas haciendo un trabajo de oficina, que también es necesario, pero tiene que ser el justo para aquellos fines que tiene nuestra Congregación y de acuerdo también a las exigencias del Ministerio”, señala el P. Galvarino.
Explica el responsable del Departamento de Educación que otra cuestión positiva de la Ley de Inclusión, relacionada con los recursos, es una mayor solidaridad en el uso de los mismos. En este sistema la Congregación está facultada para moverlos entre uno y otro establecimiento, según las necesidades.
La evaluación general por parte del P. Galvarino, respecto de este nuevo escenario, es positiva, aún la incertidumbre del principio, cuando no había claridad de cómo operaría la reforma. Seguirá existiendo la educación particular subvencionada, más no el financiamiento compartido, explica el P. Galvarino, situación que no considera negativa. “Cuando una institución educativa pone todos los recursos en vista a los procesos de aprendizaje de los estudiantes y no para otros fines, no hay problema. Es decir, lo que viene a hacer la Ley de Inclusión es asegurar recursos permanentes para educación y no para otros fines”.
La pregunta de rigor para los integrantes de las comunidades educativas y familias cuyos colegios aún no pasan a gratuidad es cuándo se acogerán a este sistema. El P. Galvarino responde: “Dependerá de cuando las auditorías de gestión indiquen que pasando a gratuidad no tendrán problema alguno de proyección económica y académica. En un primer momento se pensó en 2028, pero yo creo que será bastante antes que eso”.
¿Logrará el Estado equiparar los recursos de los colegios con copago alto?
Diez de los 19 colegios donde las Hijas de María Auxiliadora (FMA) animan la labor educativa ingresaron a la gratuidad en 2016, favoreciendo a cerca del 35% de las 12 mil alumnas que atienden en todo el país. Para las hermanas el escenario fue similar al de los Salesianos: colegios con copago bajo, de alta morosidad, acogidos en SEP, que pasando a la gratuidad se han visto favorecidos con un aporte por gratuidad permanente. Para ellas el ingreso a este sistema no requirió un ajuste tan exhaustivo como sí ocurrió en el caso de los colegios salesianos. En su proceso fueron asesoradas por tres entes externos que aplicaron estudios sobre la factibilidad.
Para Sor Fanny Dobronic, responsable de Educación de las FMA, la gran interrogante ahora es saber si los aportes por gratuidad que entrega el Estado irán aumentando de manera tal que logren equiparar el aporte por copago en los nueve colegios restantes. “Las tres asesorías que tomamos mostraron que con estos nueve colegios era imposible pasar a gratuidad hasta algunos años más. Este colegio sería el último que pase (María Auxiliadora de Avenida Matta) porque cobra 72 mil pesos. Según los cálculos, solamente en 2023 el Ministerio podría equiparar lo que recibe”.
Ante esta duda, Andrés Palma, referente de Gobierno de la Reforma responde: “Los establecimientos con alto copago van a continuar con copago y con las reglas que los han regido hasta que el Estado pueda sustituir el aporte que las familias realizan. En este sentido, no habrá pérdida de recursos en ningún momento, ya que se ajusta por unidad de fomento. La gratuidad tardará en llegar para esas familias que pagan mensualidades”.
Sor Fanny destaca el rol de la Iglesia, que considera clave, en los diálogos permanentes con el Ministerio a través del Área de Educación de la Conferencia de Religiosos y del Área de Educación de la Conferencia Episcopal, liderada por el obispo salesiano Héctor Vargas, gestión que generó las condiciones para lograr una reforma más abierta que permita asegurar los proyectos educativos.
Sobre el tema de los proyectos educativos, Andrés Palma asegura que la ley continuará entregando garantías: “Así como importa y el país quiere que sigan adelante los proyectos salesianos, también son muchos otros los que son diversos y queremos que sigan porque aportan a la pluralidad, a la creatividad y a la innovación que el país necesita. Por eso la Ley de Inclusión Escolar refuerza la importancia de los proyectos educativos y promueve que exista un mayor compromiso de la comunidad escolar con esos proyectos”.
Líderes educacionales que avanzan hacia la gratuidad
En su Encuentro Educativo Pastoral Anual, celebrado en octubre, la Congregación Salesiana contó con la ponencia de Cristián Bellei, experto del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, Doctor en Educación por la Universidad de Harvard.
Luego de presentar a Directores, Rectores y demás integrantes de los consejos directivos de los colegios salesianos algunas evidencias de estudios sobre mejoramiento educativo escolar, el experto dialogó con Boletín Salesiano Chile sobre la opción congregacional por la gratuidad:
“Es muy importante que líderes educacionales como los salesianos estén decididamente avanzado hacia la gratuidad. En mi opinión, el financiamiento compartido fue una política que nunca debió existir. El derecho a la educación de los niños no debería estar condicionado por las capacidades socioeconómicas de sus familias”.
Aunque con más fuerza antes, pero también hoy, persiste en ciertos sectores de la opinión pública y en actores educativos del mundo particular subvencionado una idea negativa de esta reforma, particularmente en el hecho de que los padres no participen del financiamiento, situación a la cual Bellei le da la siguiente lectura:
“Desafortunadamente el discurso público sobre el financiamiento compartido tendió a convencer de que había una virtud con cobrarles a las familias. Creo que ese discurso es erróneo pero que, de alguna manera, después de 20 años, ha hecho cultura. Creo que habla muy mal de nuestro carácter de educadores creer que, porque hay un cobro y un pago entre medio, es que vamos a poder motivar y comprometer a las familias”.
Respecto de los proyectos educativos, Bellei considera que en este nuevo escenario estarán tan garantizados como lo han estado siempre, puesto que, a su juicio, el Estado de Chile, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países, históricamente ha brindado esa opción a instituciones como la nuestra, asegurando un amplio espacio de desarrollo.
“Chile es uno de los países del mundo donde la promoción y la garantía de la diversidad de los proyectos educativos que no son públicos, sino del sector privado, como el caso de la congregaciones religiosas, es más amplia. Hay países en los que las escuelas privadas, en general, no reciben recursos públicos. En algunos países, si las escuelas privadas reciben recursos públicos, no pueden ser religiosas. Estados Unidos no entrega recursos públicos a escuelas religiosas”.
Apuntando a un estándar de calidad mayor
La Escuela Salesiana Santo Domingo Savio, ubicada en la comuna de San Ramón en Santiago, está viviendo un tiempo de transformación importante, favorecido por el escenario de la reforma. En pocos años está pasando de ser una escuela parroquial básica de poco más de 500 alumnos a uno de lo colegios polivalentes más importantes de la comuna con una matrícula proyectada para 2019 en 1400 estudiantes.
Con un índice de vulnerabilidad escolar del 74%, la escuela formó parte del primer grupo de establecimientos educacionales salesianos que ingresó a la gratuidad en 2016, habiendo hecho un trabajo por
2009, proceso que activó iniciativas como: implementación multimedia a todas las salas (computador y conexión a internet), implementación de laboratorios de computación estáticos y móviles, implementación de programas educativos COMPUMAT y KALAKAI para Matemáticas y Lenguaje, respectivamente; asimismo, implementación de la aplicación digital PAPINOTAS, sistema de mensajería que ha mejorado el canal de comunicación de los profesores con los apoderados.
El Rector, Juan Pablo Vásquez, comenta que la aprehensión de las familias ante el paso a la gratuidad era pensar que el colegio se volvería municipal, perdiendo el sello salesiano. “Hicimos reuniones con las papás, asambleas con los subcentros y les explicamos que no iba a ser así, que el colegio sigue siendo de la Congregación, con el sello y el carisma salesiano, aclarando que solo cambiaba el régimen de financiamiento”.
El paso a la gratuidad se ha dado en el contexto de la ampliación del servicio educativo. En 2015 comenzó el ciclo medio, hito largamente esperado por la comunidad educativa para dar la posibilidad a los estudiantes y sus familias de continuar su formación en un ambiente escolar salesiano. Señala Juan Pablo que esto ha generado un incremento sostenido de las matrículas, calculado en un 30% por año. Hoy la escuela tiene 1050 estudiantes en modalidad mixta. “Eso ha traído un desafío pedagógico. Tenemos cursos con 45 alumnos y antes eran unos 30, en promedio. En ese desafío para el profesor lo que hicimos fue apoyar la labor del docente generando departamentos financiados con los nuevos recursos. Establecimos horas de planificación todos los viernes”.
En 2016 la escuela abrió segundo medio y ahora en 2017 comenzará a impartir las especialidades técnico profesional con dos carreras: Electricidad Industrial y Contabilidad, en talleres ya construidos y cuya implementación se logró gracias al aporte de la Fundación Arturo Irarrázabal Correa.
Por Vicente Fritz, Periodista