Estimados (a) hermanos(a) en el Señor,
El pasado lunes 8 del presente, conocimos por medio de la prensa la sentencia definitiva de la Corte Suprema sobre el llamado “caso Fátima”. Sin querer hacer un recuento cronológico y acabado, me parece importante precisar algunos aspectos y así dar a conocer mi pensamiento y sentimientos sobre dicha resolución judicial.
Como bien saben, durante la semana pasada estuvimos participando de la 1° Asamblea Eclesial Nacional, para la aplicación del documento de Aparecida, lo que me impidió haber compartido antes con ustedes esta decisión del máximo Tribunal de Justicia de nuestro país.
Al inicio de mi servicio pastoral, conocí de la reapertura del proceso de Fátima, debido a que en el proceso que llevaba a cabo el Magistrado Sergio Muñoz quien investigaba el asesinato del dirigente sindicalista Tucapel Jiménez, aparecieron antecedentes sobre la responsabilidad de la persona que habría colaborado en el atentado a la Parroquia en 1984.
En conversaciones con el abogado Sr. Luis Díaz Coñuecar, le manifesté nuestro interés por continuar esta causa, pues creíamos oportuno conocer la verdad y poder contar con una respuesta para toda la comunidad eclesial de Magallanes.
Una vez, conocida la resolución de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, inmediatamente el abogado, de acuerdo a nuestras instrucciones, apeló a la Corte Suprema, la cual ya se ha pronunciado.
Siempre supimos, que la causa había prescrito desde la acción penal, pero, al haberla abierto el Sr. Ministro Muñoz, volvimos a insistir en su investigación y en encontrar y sancionar a sus autores, ya que de acuerdo a los tratados internacionales que ha firmado nuestro país, los delitos de “lesa humanidad” no prescriben y en el caso de la bomba a Fátima este se circunscribe en “conductas terroristas” con resultado de muerte.
Comparto plenamente lo que ha señalado el Padre Obispo Tomás: “en este proceso culpables hay”, el principio de la prescripción es para ordenar el estado de derecho, es para colocar orden y finalizar con casos que han sucedido hace años atrás. Esto, en ningún caso, significa que no existan culpables y que no haya existido delito. Este principio de la prescripción es el que se ha aplicado a nuestra causa, es decir ha sido fallada por falta de forma, en ningún caso hay un pronunciamiento sobre el fondo, sobre la existencia del delito y por tanto de sus autores.
Hubiéramos querido conocer la verdad, pues como han afirmado tantas veces los Obispos de nuestra Patria: “es importante para la transición a la plena democracia, que al menos los casos más significativos sean cabalmente juzgados y esclarecidos” (Nov. 1999), para que ellos nunca más sean repetidos. También era importante limpiar la imagen del joven oficial Patricio Contreras Martínez, “que como victimarios, actuaron obedeciendo órdenes, en un clima de polarización y miedo que les hizo suponer, muy equivocadamente, que con esos medios servían a la patria” (CECh, 7 de Agosto de 2002).
Como ciudadanos somos respetuosos y acatamos los fallos judiciales, pero es bueno recordar que para la doctrina de la Iglesia, siguiendo la enseñanza de Jesucristo, una cosa puede ser moralmente grave sin tener por ello una sanción judicial, como también algo puede ser imputable judicialmente, sin que ello tenga una gravedad moral. Esto significa, que independientemente de la sentencia otorgada por la Corte Suprema, esta no exculpa ante Dios a aquellos que han participado en este atentado y que ha costado la vida de una persona.
Oremos al Señor, por medio de nuestra Señora de Fátima, para que bendiga nuestra Iglesia de Magallanes y este episodio que hemos vivido nos haga instrumentos de paz en bien de todos los hombres y mujeres, a los cuales queremos servir en nombre del Dios de la Vida y de la Justicia.
Con afecto de Pastor,
† Bernardo Bastres Florence sdb
Padre Obispo de Magallanes.
Punta Arenas, 15 de Octubre de 2007
Fiesta de Santa Teresa de Ávila
Punta Arenas, 18/10/2007
