El representante de la Santa Sede ante la ONU, Arzobispo Celestino Migliore, explicó que la Santa Sede no firmará la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad porque, como está redactada, “la misma Convención creada para proteger a las personas con discapacidad de toda discriminación y el ejercicio de sus derechos”, puede ser “utilizada para negarles el derecho básico a la vida” mediante el aborto.
En su declaración del miércoles 13 de diciembre ante la 76° Asamblea Plenaria de la ONU, al referirse al artículo 25 de este documento que trata el tema de la salud, “específicamente a lo referido a la salud reproductiva y sexual”, el Arzobispo precisó que “la Santa Sede entiende esta salud reproductiva como un concepto holístico que no considera al aborto ni el acceso a él como parte de estos términos”.
“Asimismo, estamos de acuerdo con el amplio consenso que ha sido expresado en esta cámara y en los trabajos preparatorios de que este artículo no crea ningún derecho internacional nuevo, ya que solo intenta asegurar que la discapacidad de una persona no sea usada como base para negar un servicio sanitario”, dijo.
“Sin embargo, incluso con esta precisión, nos opusimos a la inclusión de esta frase en este artículo porque en algunos países los servicios de salud reproductiva incluyen al aborto, y así niegan el derecho inherente a la vida de todo ser humano, que se establece en el artículo 10 de esta Convención”, prosiguió la declaración.
Mons. Migliore lamentó que “cuando un defecto fetal sea una precondición para emplear el aborto, la misma Convención creada para proteger a las personas con discapacidades de toda discriminación y el ejercicio de sus derechos, puede ser utilizada para negarles el derecho básico a la vida a las personas con discapacidad”. “Por esta razón, y pese a los útiles artículos que esta Convención posee, la Santa Sede no puede firmarla”, dijo el representante vaticano.
Luego de explicar que las personas discapacitadas son “una gran preocupación para la Santa Sede”, el Prelado denuncia que “por mucho tiempo y por muchos, las vidas de las personas con discapacidad han sido minusvaloradas o se les ha visto como si tuvieran un valor y una dignidad menor. Mi delegación ha trabajado asiduamente para hacer que el texto sea una base sobre la cual se revierta esta situación y se asegure el pleno disfrute de todos los derechos humanos a las personas con discapacidad”. Seguidamente indicó que “con respecto al artículo 18, relacionado con la libertad de movimiento y nacionalidad, y el artículo 23 sobre el hogar y la familia, la Santa Sede interpreta ambos de manera que se salvaguarde los derechos primarios e inalienables de los padres”.
“Además, mi delegación interpreta todos los términos y frases relacionados a los servicios de planificación familiar, regulación de la fertilidad y matrimonio del artículo 23, así como la palabra ‘género’, como lo hizo en sus declaraciones de interpretación sobre las Conferencias Internacionales de El Cairo y Beijing”, es decir, en defensa del verdadero sentido natural del matrimonio y la familia, agregó.
“En conclusión, mi delegación considera que el potencial positivo de esta Convención se alcanzará cuando las provisiones legales nacionales y la implementación de todas las partes estén de acuerdo completamente con el artículo 10 sobre el derecho a la vida de las personas discapacitadas. Solicito además que esta declaración sea incluida en el informe de esta audiencia”, finalizó su intervención el Arzobispo Celestino Migliore.
